Durante siglos los habitantes de la Cordillera de los Andes, entre ellos campesinos e indígenas, han sido guardianes de semillas nativas milenarias que hacen parte de su cultura y les proveen alimentos como maíz, plátano y papa que garantizan no solo el sustento familiar, sino también una fuente de ingresos.

Pero abuelos, bisabuelos y demás ancestros no imaginaron que llegaría el día en el que los frutos de sus suelos no serían suficientes para suplir las necesidades de la población; menos, que al terreno llegaría una semilla mejorada gracias a la biotecnología que se convertiría en la competencia de la nativa por rendimiento, producción y resistencia a enfermedades.

Lo que podría ser menos imaginable todavía es que la decisión de usar o no esa nueva semilla modificada con técnicas modernas -también conocida como semilla transgénica, organismo genéticamente modificado (OGM) u organismo vivo modificado (OVM)- no estaría en manos de ellos, los que trabajan de sol a sol en el campo, sino en aquellos legisladores que desde sus finos escritorios aprueban leyes que impactan el futuro de sus países.

Colombia, Ecuador y Perú, países que hacen parte de los Andes, comparten gran parte de su biodiversidad agrícola y el dilema por el uso de las semillas nativas o transgénicas. Estas últimas están en vilo porque, a pesar de haber pasado por muchos estudios científicos, todavía hay quienes dudan de su seguridad e impacto tanto en la salud como en el medioambiente.

Aunque en estos países hermanos el uso de los OGM es conocido desde hace más de 20 años, la falta de consenso entre el gobierno, la comunidad científica y los agricultores ha hecho que cada nación se asegure de tener una legislación que limite o apruebe su uso, según el nivel de producción; sin embargo, hay movimientos internos en cada uno de los países andinos que van en contra de las disposiciones legales actuales.

“Cada país tiene una realidad muy diferente y es difícil categorizar si este es el modelo apropiado o no lo es”, explica Marcos Rodríguez, coordinador de Desarrollo Rural, Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia. Él asegura que, independientemente de que el sistema fomente o acepte la propagación de productos transgénicos, agroecológicos, criollos o nativos, el eje fundamental es la sostenibilidad y sustentabilidad de dichos sistemas.

Este planteamiento puede ser entendible teniendo en cuenta que, dependiendo del nivel de producción agrícola del país, cada sistema utiliza el que más le conviene; por ejemplo transgénicos para alta producción como en Estados Unidos, Brasil y Argentina y combinada para otros países de Latinoamérica. A pesar de este argumento, la recomendación no es clara para los gobiernos de la región que legislan entre el uso y la prohibición de los OGM, sin garantizar la efectividad de otros mecanismos de producción inclusivos que aseguren el bienestar de los campesinos y la demanda alimentaria.

En Colombia, por ejemplo, después de que los transgénicos tuvieron vía libre para producción y comercialización, ahora podrían quedar prohibidos de aprobarse un Proyecto de Acto Legislativo; entre tanto, en Perú el Gobierno promulgó una nueva moratoria de 15 años para el cultivo de OGM; mientras en Ecuador la Constitución prohíbe expresamente el cultivo de organismos genéticamente modificados.

Por mucho tiempo se ha visto el uso de los transgénicos como una alternativa para garantizar la seguridad alimentaria y solucionar el problema de malnutrición, pero “los transgénicos son solo una dimensión”, explica Rodríguez el representante de la FAO. El funcionario agrega que aunque hay una demanda creciente porque la población ha venido aumentando y se espera que al 2050 sean 10.000 millones de habitantes, el problema real no está en la producción de los alimentos, sino en el acceso y disponibilidad, algo que aún no está resuelto.

Mientras estas decisiones llegan, los pueblos indígenas y campesinos que han estado al margen buscan justicia social y se movilizan para proteger sus derechos: unos a favor de la semilla nativa y otros de la semilla transgénica. ¿Podrá la ciencia brindarles elementos para tomar mejores decisiones?